Según el auto, la acusada comenzó a servir en casa de las dos hermanas -que eran solteras- en el año 2004. Cada una de ellas tenía una vivienda en el Paseo de San Vicente, y ante la soledad de las ancianas -solo tenían una sobrina en Zaragoza- fue poco a poco fue ganándose su confianza. Además, dada la avanzada edad de las dos, comenzaron a tener problemas de cabeza por lo que llegó un momento en el que dependían totalmente de su cuidadora.
El relato de los hechos establece que M.P.F.R. fue sustrayendo a lo largo del tiempo numerosos objetos y dinero de las dos viviendas por un valor de 200.000 euros. Además, trató de incapacitarlas y de que la nombraran tutora, aunque finalmente no lo consiguió.
Además del hurto de los objetos y el dinero, en el año 2008 cuando una de las dos ancianas estaba ya muy mal de la cabeza y además tenía poderes de la otra hermana, la acusada fue al notario y logró que testara a su favor y a la vez consiguió que le vendiera uno de los dos pisos a su propio hijo, que es el otro acusado.
La vivienda, que era en la que vivía la otra hermana, se la vendió por 120.000 euros -un valor menor del real- y pese a que hicieron un ingreso en la cuenta madre e hijo de 108.000 euros, posteriormente se lo fueron retirando.
Por todo ello el Ministerio Fiscal solicita por un delito continuado de estafa agravada y apropiación indebida a la principal acusada un total de 7 años de cárcel y 24 meses de multa a 15 euros diarios, mientras que para su hijo solicita 5 años de prisión y 16 meses de multa también a 15 euros diarios. Además, en responsabilidad civil se pide la anulación del testamento, la anulación de la compra-venta de la vivienda, así como la indemnización que se determine en ejecución.
